“Urbanismo Digital”, para avanzar hacia un Gobierno Abierto

El concepto “Gobierno Abierto” cobró gran importancia a nivel mundial en un corto período de tiempo, ya que implica una nueva forma de gestionar la política: una forma transparente y colaborativa, que fomenta la participación ciudadana, haciendo más eficiente la gestión pública. En 2011 nació el Open Government Partnership (OGP) -Alianza para el Gobierno Abierto-, la iniciativa internacional para impulsar prácticas de Gobierno Abierto que reunió a diversas redes mundiales que trabajan en temas de transparencia, con el objetivo de socializar información sobre las gestiones de gobierno.

Sin embargo, diversos actores vinculados con la implementación de estrategias de Gobierno Abierto ponen en evidencia la necesidad de construir reglas que ordenen la convivencia en entornos digitales, para el uso eficiente de los datos públicos que mejoren las respuestas de los gobiernos de cara a la comunidad.

Ley de Gobierno Abierto de Extremadura: "Una herramienta que persigue acercar la Administración al ciudadano y el ciudadano a la Administración"

Los políticos se han convertido en el tercer problema para la ciudadanía, detrás del paro y la crisis económica y, eso es fruto de que, actualmente, la distancia entre ciudadano y clase política, todo lo que representa, gobiernos, administraciones, órganos públicos, es cada vez mayor. Contra esta realidad, en Extremadura, en el Parlamento Extremeño, se está trabajando en la Ley de Gobierno Abierto.

La sociedad actual es cada vez más exigente, reclama más de sus políticos y de la administración, quiere saber, quiere entender y, sobre todo, quiere participar más allá de una vez cada cuatro años, cuando eligen a sus representantes. Estamos hablando de ciudadanos cada vez mejor informados y con acceso a nuevas tecnologías que, entienden deben ser una opción para exigir más y, que se les pueda atender.

Los Grupos Políticos con representación en la Cámara Extremeña, al igual que el Gobierno Regional, han tomado conciencia de que la brecha existente entre los ciudadanos y la clase política debe, sino cerrarse, al menos, lograr que no vaya a más, sino que se acorte, entendiendo también que el esfuerzo deberá ser recíproco, una vez se establezcan mecanismos, la ciudadanía también deberá responder.